Las oposiciones del agravio

Las irregularidades en la cobertura de los puestos de trabajo municipales no son ninguna novedad en el Ayuntamiento de Córdoba, ya que los episodios de selección de plazas se han visto salpicados de polémicas en numerosas ocasiones. A continuación se detallan algunas de las más recientes y sonadas.

Policía Local. En junio de 2009, el sindicato CSIF anunció que iba a impugnar las oposiciones a Policía Local por presuntos «favoritismos» y «oscurantismo» en la ejecución de algunas pruebas. Lo que desató la denuncia del CSIF han sido las notas obtenidas en el penúltimo examen, donde «sorprendentemente, familiares de los altos mandos de la Policía Local han obtenido las calificaciones más altas. De los 295 aspirantes que tuvieron que hacer esta prueba tipo test, señaló en sindicato, «sólo han aprobado 60, por lo que parece que para obtener las notas más altas hay que estar muy preparado». El CSIF denunció el supuesto «oscurantismo» en la ejecución de las pruebas físicas, «que se realizaron a puerta cerrada, a fin de que ninguna persona pudiera acceder a las instalaciones deportivas para observar que todos los aspirantes superaban el examen por sus propios méritos». En El Fontanar, donde se realizaron las pruebas, «se ordenó a dos Policías controlar el acceso a todo aquel que no fuera a las pruebas», lamentó el sindicato.

Servicio de Extinción de Incendios. En el concurso de empleo público de 2009 para cubrir 25 plazas de bomberos, 15 aspirantes recurrieron las pruebas, quienes alegaron irregularidades en las preguntas del examen teórico y que acabaron con dos denuncias en el juzgado de lo contencioso-administrativo. Un juzgado se pronunció dando la razón al sindicato CGT al observar irregularidades en la composición del tribunal. En el auto, el juez requería al Ayuntamiento el informe de la secretaría general sobre la la composición del tribunal. El PP vio «indicios más que sospechosos» en la actuación de la entonces delegada de Personal, la socialista Victoria Fernández.

Peones. Un total de 50 aspirantes han pedido anular la prueba celebrada el pasado 19 de septiembre y en la que estaban en liza 25 puestos de trabajo. La Central de Trabajadores de Andalucía (CTA) insiste en que «el examen no respondió al temario ni tampoco a la titulación exigida para el mismo, que era de certificado de escolaridad». «Nos parece sorprendente que diez de las 22 primeras plazas sean de familiares de Comisiones Obreras», lamentó entonces el sindicato CTA.