El Gobierno y la Comisión Europea negocian en estos momentos punto por punto todo el plan de inversiones y reformas que se enviará a Bruselas a finales de marzo para obtener los fondos europeos, el llamado Plan de Recuperación y Resiliencia. Y el Ejecutivo comunitario presiona con fuerza en una serie de áreas. Por ejemplo, pide un sistema de comprobación del gasto de los recursos europeos y exige una mayor ambición en la reforma de las pensiones. El acuerdo en la parte laboral está prácticamente cerrado.
Según fuentes al tanto de las negociaciones, uno de los asuntos que más preocupa en el área laboral es la temporalidad, un fallo endémico del mercado de trabajo español desde los años ochenta. Bruselas insiste en enarbolar como soluciones el contrato único y la mochila austriaca, un sistema con el que el coste del despido se va anticipando mes a mes en una bolsa que el trabajador acumula y puede llevar a otra empresa o a la jubilación.
Sin embargo, el Gobierno rechaza de plano ambas fórmulas y trabaja en otras. Propone simplificar contratos, obligar a que esté más justificada la contratación temporal —lo que en la jerga se conoce como endurecer la causalidad—, promover el uso del fijo discontinuo allá donde no se utilice, y aplicar la sentencia del Supremo que limita el uso del temporal en la subcontratación.
A cambio de este endurecimiento del contrato temporal, el Ejecutivo quiere ofrecer a los empresarios los ERTE estructurales, sobre cuyo diseño Economía elabora un estudio para ver cómo reparte los costes entre Estado, empresa y trabajador. Y ha pedido a Bruselas que financie la transición a este sistema con cargo al plan durante los primeros años. Pero la Comisión lo ha rechazado.
La temporalidad en España ronda tasas de entre el 25% y el 30%. En la UE solo Polonia arroja unos niveles tan altos. Cuando se analizan los motivos, una pequeña parte puede explicarse con la presencia de sectores estacionales como el turismo. No obstante, un estudio de la Comisión concluye que España sufre más temporalidad en todos los sectores salvo la banca. Y, entre todos ellos, uno de los que destaca es la Administración. El Gobierno lo achaca sobre todo a sanidad y educación.
En España hay casi 700.000 interinos. En la administración central su cuota se sitúa en el 8%. Y en las comunidades el porcentaje se dispara a cifras de dos dígitos. En algunas incluso ronda el 30%, según fuentes de Función Pública. “Es un problema que sufren maestros y enfermeras”, sostiene una fuente del Ejecutivo. El caso de los profesores de escuela es harto conocido: sus contratos se rescinden con las vacaciones de verano y se les vuelve a fichar con el inicio del curso. Y las enfermeras llegan a acumular decenas de contrataciones en un año.
Por esa razón, según fuentes del Gobierno, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública prepara un cambio del artículo 10 del estatuto básico del empleado público para limitar el uso de los interinos. Esta modificación se está negociando con los sindicatos y la anterior ministra ya lo había discutido con las comunidades. Una fuente de Función Pública apunta: “Hay que conseguir que personas que desempeñan un trabajo estructural en la administración lo hagan con una plaza fija. Hay que ver cómo se hace, qué costes tiene y en cuánto tiempo podemos abordarlo”.
Fuentes de la Administración explican que el uso de temporales se ha disparado en los últimos años por varias razones. La primera, que las comunidades pasan al Estado parte de los costes. Así, en el caso de los maestros los meses de vacaciones los soporta el sistema de desempleo en lugar del presupuesto autonómico. Dos, se trata de una forma de saltarse los límites legales a las tasas de reposición, es decir, la ratio de sustituciones por cada jubilación.
Tres, los estatutos del empleo público son muy rígidos a la hora de asignar funciones, horarios, puestos o las localizaciones territoriales. Con los contratos temporales se intenta dar flexibilidad a la plantilla, sobre todo en la sanidad. Y al final el resultado es que hay menos plazas en propiedad mediante oposiciones.
Y cuatro, las comunidades han vuelto a contar con más recursos en los últimos años y han contratado fundamentalmente temporales. En algunas incluso han recuperado la plantilla perdida con la crisis en educación y sanidad.
Nueve de cada diez empleos creados en la Administración desde el inicio de la recuperación, allá por 2014, son temporales. Y uno de cada cuatro asalariados con contrato temporal pertenece a las administraciones públicas.
En 2017, el ministro Cristóbal Montoro y las organizaciones sindicales pactaron rebajar la tasa de temporalidad del sector público al 8% desde el 23% que presentaba por aquel entonces. Pero de nada ha servido. Fuentes del sindicato CSIF aseguran que “la temporalidad en el sector público es ahora mismo casi 10 puntos más elevada que en el privado. Y con la covid, los ocupados temporales en la Administración han superado el millón. Está claro que el actual marco no sirve para contener la interinidad y sus abusos”.
En general, el exceso de temporales provoca una mayor destrucción de empleo en las crisis, reduce la productividad y la formación de los trabajadores, dificulta su toma de decisiones a largo plazo y disminuye su protección social.
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