domingo, febrero 26, 2012

Oposiciones docentes 2012: 4 autonomías y 3095 plazas

Andalucía y País Vasco, gobernadas por el PSOE, y Madrid y Cantabria, por el PP, serán previsiblemente las únicas comunidades donde este año habrá oposiciones de profesorado de la enseñanza pública, con la intención de cubrir 3.095 vacantes no universitarias en conjunto, fundamentalmente de secundaria


En 2011 se jubilaron alrededor de 20.000 docentes entre todas las etapas de la enseñanza pública no universitaria, según calculan fuentes de CCOO, pero todo parece indicar, añaden, que las trece autonomías restantes no convocarán plazas este año.

Andalucía ha publicado 2.389 plazas, País Vasco ha sacado 531 (115 son de primaria y 46 de infantil), Madrid ha anunciado al menos 150 y Cantabria, 25. Por el contrario, la "gran mayoría" de las administraciones educativas han aceptado la "recomendación" del Ministerio de Educación de no convocar oposiciones en 2012 y "acumular" las plazas correspondientes a la oferta de empleo público de 2013.

El departamento lo indicaba así en la orden ministerial del 6 de febrero que anulaba los temarios de oposiciones aprobados por el gobierno socialista en noviembre pasado y restituía los de 1993 y 1996. Como argumento, el Ministerio aludía a las "restricciones presupuestarias" para la reducción del déficit, que restringen la tasa de reposición de vacantes en 2012 a un 10 por ciento de las jubilaciones, y por razones de "eficiencia".

No obstante, las fuentes de CCOO consideran que todo es una excusa para no convocar este año, pues no cabe "guardar" plazas de un año para otro, explican, sino que cada momento es diferente y ya se verán cuáles son las condiciones, los límites y la disponibilidad presupuestaria para convocar en 2013. Han denunciando que año tras año se vienen amortizando plazas que quedan libres por jubilación pero no se cubren, con lo que el sistema se resiente y puede estar en peligro.

Supone, además, una tragedia para los jóvenes recién titulados y estudiantes, que no pueden optar a plazas públicas de profesorado. En un comunicado, CGT asegura que ha presentado denuncias por un "presunto delito de prevaricación" en las fiscalías territoriales de las comunidades donde no se han publicado oposiciones, pues deberían convocarse al existir vacantes de acuerdo, asegura este sindicato, con la Ley Orgánica de Educación y el Estatuto básico del Empleado Público.

Vía: diariocritico.com

jueves, febrero 09, 2012

Canarias desiste y no convocará oposiciones


“Estábamos dispuestos a convocar oposiciones si las reglas del juego seguían siendo las mismas, pero no va a ser así”. Así de claro se manifestó ayer el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, quien anunció que no convocará oposiciones para docentes si la tasa de reposición de profesores jubilados es del 10%.
Pérez, que respondía en la Cámara a una pregunta formulada por su compañera de partido Rita Isabel Gómez, dejó claro que sería “absurdo” citar un tribunal de oposición para 81 plazas, una cantidad ridícula si tenemos en cuenta que en el Archipiélago se jubilaron 801 docentes el año pasado.
“Nos han cambiado las reglas del juego durante la partida”, recalcó el titular canario de Educación, quien, no obstante, denotó que todos los profesores jubilados serán sustituidos y no permitirá que se pierda “ni una sola plaza”. En este sentido, José Miguel Pérez recordó que desde que llegó al Gobierno, una de sus prioridades era darle “estabilidad profesional” a los docentes, que tendrían que ganarse las plazas con su “capacidad” y “méritos”.
“En Canarias el valor de la estabilidad laboral es fundamental para la función docente, que requiere una formación permanente y un compromiso extraordinario”, apuntó Pérez, quien subrayó que “la estabilidad garantiza el mejor funcionamiento de los claustros”. Tras la entrada en el Gobierno del Partido Popular (PP), se ha impuesto una tasa máxima de reposición del 10%, una cifra que queda lejos de las aspiraciones del Ejecutivo autonómico, que pretendía sacar en torno a 400 plazas en la oposición.
El aplazamiento de la oferta de empleo, consideró Pérez, “no tiene sentido desde el punto de vista económico, porque no sólo no se ahorra un duro por no estabilizar la plantilla, sino más bien lo contrario”. “En las Islas, dada la ratio que tenemos entre profesores y alumnos, se jubilen los que se jubilen no podemos dejar de contratar los profesores necesarios”, aseveró el dirigente socialista, que además esgrimió que con el aplazamiento de las oposiciones “bloquearíamos el acceso a la función docente a muchos profesores que tienen muchas expectativas para ello, especialmente la gente joven”. “También incrementaríamos la tasa de interinidad, hasta casi el 4%, cosa que no nos parece ahora adecuado en el ámbito educativo cuando la tendencia es lo contrario”, subrayó el consejero de Educación. En su opinión, no convocar oposiciones supone “aumentar la interinidad, bloquear las listas e incrementar la precariedad del profesorado”, aseguró Pérez, quien reiteró que suspender la oferta pública de empleo es un error”.
Comunidades como Andalucía, País Vasco y Madrid buscarán de forma conjunta un “resquicio legal” para poder sobrepasar ese 10 % de tasa de reposición de profesores que autoriza el Estado. Precisamente, ese límite de tasa de reposición de plazas es al que apela el ministro José Ignacio Wert, apoyado por la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP, para aplazar un año las oposiciones y acumular los puestos a cubrir.

domingo, febrero 05, 2012

Las perspectivas negativas para el interino


Son muchos. Muchísimos. Un total de 790.800 empleados públicos trabajando de forma temporal. Un 24,6% del conjunto de trabajadores públicos, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2011. La cifra choca con la recomendación acordada entre el Gobierno y los sindicatos en 2002, que establecía un 8% como límite de trabajadores temporales en la administración.
Hoy, a los que más se oye es a los interinos de Educación, pero hay más. En la Administración General del Estado, en la Autonómica y en la Local; en la Sanitaria, en la Administración de Justicia, en las Instituciones Penitenciarias, en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil. En total son casi 800.000 personas cuyos ingresos y cuyas vidas son temporales.
Son historias que se escriben con coraje: miles de horas de estudio, preparadores, libros, exámenes y más exámenes. ¿El resultado? Un aprobado con nota, pero a décimas de la ansiada plaza. Como recompensa por estar entre «los buenos», derecho a formar parte de esa gran bolsa de interinos que se ha transformado en un problema social de proporciones desmesuradas.
«Yo he aprobado dos oposiciones: una con un 6,8 y otra con un 7,2», explica Rosa, una profesora de inglés que prefiere permanecer en el anonimato. «No tengo plaza y, sinceramente, viendo las que han salido este año, tampoco tengo esperanza». «Me indigna leer que estamos en pie de guerra simplemente porque salimos a la calle a explicarle a la gente nuestra situación: una auténtica injusticia que a nadie debería dejar indiferente». En ocasiones, en el otro lado de la balanza encontramos a un funcionario que sí consiguió esas décimas y que no puede acceder a su plaza, ocupada por un interino; o los miles de personas que cada año se preparan una oposición que debería ser convocada pero que nunca lo será. Todos, todos, salen perdiendo. Todos salimos perdiendo.
Pero, ¿cómo hemos llegado a esto? Para Miguel Ángel Sánchez Morón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá y Presidente de la Comisión para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público, «las causas son varias. La principal es la tendencia de algunas Administraciones, especialmente las autonómicas y locales, a reclutar personal sin pasar por los procedimientos de selección que establece la legislación vigente: las oposiciones y concurso-oposiciones, ya que son lentos y complejos, aunque garantizan la igualdad de los candidatos».

Las normas de acceso a la función pública se están incumpliendo día a día según denuncia Julio Guiral, presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, «y particularmente el Estatuto Básico de Empleo Público de 2007, que pese a ordenar la inclusión en la Oferta Pública de Empleo de todas las plazas vacantes ocupadas por personal interino, ha sido también sistemáticamente incumplido». «Los intereses de algunos colectivos, incluida una parte de los interinos» han avivado el fuego, según denuncia Guiral, «bloqueando el acceso de personal de nuevo ingreso».
Fijos sin oposición
Pero Miguel Ángel Sánchez Morón va más allá: «Algunos de esos empleados públicos aspiran a mantener su empleo e incluso a convertirse en fijos sin pasar por una verdadera oposición, a través de procesos de 'consolidación de empleo', que incluyen valoración de los 'méritos' correspondientes al tiempo de interinidad y, en su caso, pruebas muy sencillas; y en ese propósito son amparados por los sindicatos, que tienen en ese tipo de personal una clientela importante. Sucede así que muchos gobiernos, sobre todo autonómicos y locales, no se atreven a poner fin a las situaciones de interinidad e incluso dejar prorrogar ilegalmente los contratos temporales de trabajo». Como resultado de estas prácticas, según denuncia el catedrático de la Universidad de Alcalá, «hay interinos que se eternizan en el puesto y trabajadores temporales, pero 'indefinidos', no 'fijos', que es una categoría que el Tribunal Supremo tuvo que inventar».
Llegados a este punto, ¿quién y cómo arreglar este desaguisado? Los expertos lo tienen claro: no hay soluciones rápidas, pero sí hay caminos. «Depende de que exista voluntad y coraje político», explica Sánchez Morón. «Lo lógico sería convertir muchas de las situaciones de interinidad en empleo público estable, a través de procesos de selección basados fundamentalmente en el mérito y capacidad de los aspirantes».
Flexibilizar y agilizar unos procedimientos de selección «muy anticuados, lentos y burocráticos» es imprescindible para este catedrático de Derecho. Julio Guiral añade que «la solución pasaría por la legalidad y la transparencia, incluida la presupuestaria. Ambas son imprescindibles para recobrar la confianza en las instituciones públicas en momentos de crisis». Vía: Las Provincias